Sobre el final del día de ayer, la oposición logró aprobar el proyecto del PJ no kirchnerista que limita la suba de tarifas de servicios públicos.
La iniciativa recibió 133 votos a favor, 94 negativos y 3 abstenciones en la Cámara de Diputados. A partir de ahora deberá ser girado al Senado y, si llegara a ser sancionado, el gobierno nacional anticipó que lo vetará.
Los votos positivos fueron aportados por el Frente Renovador (FR), el bloque Argentina Federal (AF), el Movimiento Evita, el Movimiento de Izquierda y los oficialismos provinciales de Catamarca, San Luis, Santa Fe y algunos diputados de Santiago del Estero.
Los votos negativos sumaron sólo los de Cambiemos, con la ausencia de de 9 de los 10 diputados de la Coalición Cívica, que lidera la diputada nacional Elisa Carrió. Para marcar la ausencia de la dirigente de Cambiemos, los diputados del Movimiento Evita colocaron una gigantografía de cartón con la figura de Carrió. El presidente de la Cámara, Emilio Monzó, ordenó sacarla.
Del PRO, hubo dos ausencias: las de Samanta Acerenza y Leandro López Koenig. Tampoco participó de la votación la diputada nacional de la UCR Aida Ayala, que enfrenta un pedido de desafuero, investigada judicialmente por lavado de dinero, evasión tributaria, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito.
Alfredo Olmedo, de Salta Somos todos y alineado al oficialismo, también estuvo ausente.
Entre las abstenciones, hubo tres del bloque conducido por Martín Lousteau, Evolución, quien defendió su propio proyecto sobre tarifas.
El proyecto, elaborado por los diputados Marco Lavagna (FR) y Diego Bossio (AF), establece limitar la suba de tarifas a la evolución salarial, en el caso de los usuarios residenciales, o el índice de precios mayoristas, en el de las PyMEs. La normativa alcanza a los servicios de concesión nacional y a las provincias que adhieran.
En la última semana, el PJ no kirchnerista eliminó del proyecto los artículos que reducían el IVA que se computaba sobre las tarifas, para reducir el monto final de la factura. La medida fue cuestionada por el oficialismo y los gobernadores ya que afectaría los presupuesto provinciales, teniendo en cuenta que el IVA es un impuesto coparticipable.
(Con información de Télam)
