La Cámara Federal en lo Criminal y Correccional confirmó la detención preventiva de cinco manifestantes acusados por los “tumultos y desórdenes públicos” del jueves 14 de diciembre, durante el primer intento del oficialismo de tratar la reforma previsional en la Cámara de Diputados.
Los planteos de excarcelación fueron rechazados en segunda instancia, luego de que el juez de la causa, Claudio Bonadio, los negara en primera.
“Hasta tanto se cuente con el panorama completo de lo sucedido y se definan las responsabilidades la restricción de su libertad, se presenta de momento como la única alternativa viable para garantizar los fines de este proceso”, sostuvo el Tribunal.
Los manifestantes con prisión preventiva son Juan Salomón Vallota, Sebastián Giancarellil, Diego Parodi, Pablo Giusto, Esteban Rossano y José María Carrizo.
Los seis están imputados como partícipes de los “tumultos y desórdenes públicos” del 14 de diciembre de 2017, “con la intención de infundir un temor público suficiente como para coaccionar la actividad parlamentaria que fuera convocada en esa fecha”.
La Cámara Federal rechazó los pedidos de excarcelación a la espera del análisis de llamadas y filmaciones que puedan aportar elementos de prueba.
“La actividad procesal se encuentra en pleno desarrollo, a la espera de la culminación de los estudios ordenados tanto en relación a los teléfonos celulares como así también de los registros fílmicos del día de los hechos”, sostuvo el Tribunal en su resolución, según consignó la agencia de noticias Télam.
Bonadio liberó al resto de los detenidos el día de la protesta y mantuvo detenidos a Vallota, Giancarellil, Parodi, Giusto, Rossano y Carrizo por antecedentes penales, falta de arraigo o riesgo de fuga.
El magistrado continúa tomando declaraciones indagatorias a los manifestantes imputados para definir las situaciones procesales de todos, detenidos o no.
RECLAMAN LA LIBERACIÓN DE LOS DETENIDOS EL 18 DE DICIEMBRE
El Partido Obrero reclamará esta tarde, en conferencia de prensa, “el cese de la orden de detención y la inmediata libertad de César Arakaki”, uno de los militantes detenidos por los incidentes y las agresiones producidas el lunes 18 de diciembre, cuando se trató y se aprobó definitivamente la ley que modifica la fórmula de movilidad jubilatoria.
El P.O. también reclamó la anulación de la orden de detención dictada ayer por la Justicia contra Fernando Ponce Dimas, un abogado de 26 años.
“Como ocurriera con la detención de nuestro compañero César Arakaki, se trata de una política para correr el foco del repudio popular a un paquete más vasto, que golpea al conjunto del pueblo trabajador y se enmarca en una política represiva contras las luchas obreras y populares que se suceden en todo el país”, indicó el P.O. en un comunicado.
Dimas y Arakaki fueron filmados el 18 de diciembre golpeando al policía Brian Escobar, que sufrió una “fractura del hueso temporal del cráneo” y pérdida de audición del oído izquierdo.
Según la defensa de los militantes del P.O, las heridas del oficial se habrían producido por los piedrazos que recibió el efectivo antes de que se le acercaran Arakaki y Dimas, imputados por “lesiones gravísimas agravadas”, entre otros delitos.
La Cámara Federal está resolviendo el pedido de excarcelación de Arakaki, que se entregó la semana pasada, en el marco de la causa a cargo del juez federal Sergio Torres, que investiga los incidentes del 18 de diciembre.
(Con información de Télam)
