La Cámara baja aprobaría esta semana el proyecto para la urbanización de villas

El oficialismo busca aprobar esta semana en la Cámara baja el proyecto para expropiar y regularizar la titularidad de las tierras de los barrios populares de todo el país.

El miércoles 4 de julio llegará al recinto de la Cámara de Diputados el proyecto para iniciar el proceso hacia la urbanización de villas, asentamientos y barrios populares, presentado el 13 de abril.

La iniciativa obtuvo dictamen favorable en las comisiones de Asuntos Constitucionales, Vivienda, Legislación General y Presupuesto y contó con el respaldo de Cambiemos, Argentina Federal, el Frente Renovador y el Movimiento Evita. También el del Frente para la Victoria-PJ, aunque con algunas disidencias.

El “Régimen de integración socio-urbano y regularización dominial” declara de “interés público” y autoriza la expropiación de los terrenos de todo el país donde están asentados 4.228 barrios populares.

Los asentamientos forman parte del Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP), realizado desde agosto de 2016 por el Ministerio de Desarrollo Social, con la colaboración de organizaciones sociales. Según el relevamiento, en los barrios registrados, habitan 3,5 millones de argentinos.

El proyecto es un primer paso para otorgar el certificado de titularidad de la tierra a los habitantes y avanzar en la urbanización de las villas de emergencia de todo el país.

La iniciativa ordena “establecer un marco regulatorio especial para la regularización dominial de las viviendas que se encuentran en los bienes inmuebles”. El proyecto obliga a establecer “las contraprestaciones que asumirán los ocupantes de los bienes inmuebles sujetos a expropiación, promoviendo las condiciones más beneficiosas para la adquisición de dominio o uso de los inmuebles”.

Con las provincias, municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dueños de los terrenos donde están asentados los 4.228 barrios populares, el Estado Nacional deberá “celebrar acuerdos, con el objeto de transferir aquellos bienes inmuebles de titularidad de los mismos, que formen parte de los bienes inmuebles sujetos a expropiación”.

El texto original establecía que, de no llegar a un acuerdo, el Poder Ejecutivo “estará facultado a proceder al mecanismo de expropiación previsto en la ley, abonando los montos que determine el Tribunal de Tasaciones de la Nación”. Sin embargo, durante el debate en comisión, se acordó la modificación de ese artículo para que no se pueda proceder a la expropiación sin el acuerdo de las tres partes.

Para financiar todas las erogaciones para la implementación de la ley, el proyecto prevé la creación de un fideicomiso “facultado a mantener la propiedad fiduciaria de la totalidad de los inmuebles identificados en el RENABAP, incluyendo aquellos de propiedad del ESTADO NACIONAL, Provincial o Municipal, como los que se incorporen como consecuencia de su expropiación”.

Durante el debate en comisiones, también se incorporaron cambios sobre las funciones y atribuciones del Ministerio de Desarrollo Social y se estableció que se firmen “convenios específicos” para llevar adelante las regulaciones dominiales, respetando la legislación local.

Otra de las modificaciones introducidas durante el debate en comisión es la que contempla la posibilidad de “promover acciones coordinadas con los organismos y ministerios competentes” y “colaborar con las autoridades locales” cuando “sea imprescindible” relocalizar a las familias si están asentados en un terreno que puede ser ocupado por contaminación ambiental, por ejemplo.

“Este es proyecto que tiene que ver con una Argentina más equitativa y con mayor justicia social”, destacó la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, cuando defendió la iniciativa en el debate en el plenario de comisiones.

 

Ley de trasplantes

En la sesión del próximo miércoles también podría tratarse la denominada “ley Justina”, que el 30 de mayo obtuvo la sanción del Senado.

La iniciativa reforma de la Ley de Trasplante de Órganos y establece que todas las personas mayores de edad se convertirán en donantes, salvo manifestación expresa de lo contrario.

Como en la Cámara baja el proyecto no tuvo tratamiento en comisiones y no tiene dictamen, necesitará un quórum de dos tercios de los diputados para ser tratado en el recinto.

El proyecto lleva el nombre Justina Lo Cane, en honor a la niña de 12 años que falleció en noviembre pasado mientras esperaba un corazón.