En coincidencia con el encuentro “institucional” que mantuvieron ayer autoridades del gobierno nacional y los ministros de la Corte Suprema para avanzar en una reforma judicial, el Senado tratará el miércoles una serie de proyectos vinculados a la Justicia.
Uno de ellos es la modificación del Código Procesal Penal, otro es la disposición de un nuevo régimen para establecer subrogancias y el otro es el que establece nuevos requisitos para realizar escuchas telefónicas, según consignó Parlamentario.com. Los tres obtuvieron dictamen de comisión la semana pasada.
La iniciativa que establece modificaciones al Código Procesal Penal de la Nación establece el ensamble de nueve leyes aprobadas por el Congreso, que impactan en la normativa aprobada en 2014 y que aún no se implementó.
Entre las leyes sancionadas tras la aprobación del nuevo Código Procesal Penal, están la Ley de Flagrancia, Ley del Arrepentido, Ley de Técnicas Especiales de Investigación, Responsabilidad Penal Empresaria y Ley de Ejecución de la Pena.
El proyecto que establece el régimen para establecer las subrogancias dentro de la Justicia Nacional y Federal debe ser revisada por el Senado, luego de que la Cámara de Diputados le introdujera modificaciones a la versión aprobada por la Cámara alta en 2017.
Según la iniciativa, frente a una vacante en un tribunal, la Cámara Federal o Nacional de la jurisdicción que corresponda deberá cubrir el cargo con un juez subrogante elegido por sorteo público. En el caso de que la vacante se produzca en juzgados de primera instancia y tribunales orales, se privilegiará la elección de un juez de igual grado y competencia, siempre que los juzgados en los que son titulares no tengan atrasos significativos.
En caso de que la vacante no pueda ser cubierta de esa forma, deberá ser sorteado un conjuez que figure en una lista previamente seleccionada por el Consejo de la Magistratura y aprobada por el Senado.
Hasta ahora, las subrogancias eran definidas por el Consejo de la Magistratura, tal como establecía la Ley 27.145, que fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia.
El tercer proyecto que tratará mañana el Senado es el de Intervención de Comunicaciones y Cadenas de Custodia, que lleva la firma de los senadores del PJ Miguel Pichetto, Rodolfo Urtubey, Carlos Espínola y Pedro Guastavino.
La cuestión del manejo de las escuchas telefónicas es uno de los motivos por los que la diputada nacional de Cambiemos Elisa Carrió amplió ayer el pedido de juicio político contra el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti.
La intervención y espionaje de comunicaciones telefónicas quedó a cargo de la Dirección de Asistencia judicial en Delitos complejos y Crimen organizado, dependiente de la Corte Suprema, desde febrero del año pasado.
El proyecto que se tratará mañana responsabiliza y sanciona a los funcionarios judiciales y de la Dirección de Asistencia Judicial por la filtración de las intervenciones telefónicas y deja a salvo a al prensa por la difusión.
Otro punto de la iniciativa impone una cadena de custodia más estricta y la confección de un protocolo para la realización de escuchas, que deberá ser aprobado por la Corte Suprema. Las empresas de telecomunicaciones también estarán alcanzadas por las exigencias y las “pinchaduras” no podrán extenderse por más de 30 días. En caso de que haga falta, el plazo podrá prorrogarse si el juez de la causa lo ordena.
ENCUENTRO DE LA CORTE CON EL GOBIERNO
En la reunión que mantuvieron ayer el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Justicia, Germán Garavano, con los ministros de la Corte Suprema, acordaron “concretar las reformas y agilizar así los procesos judiciales y lograr una mejor tutela efectiva de los derechos de los ciudadanos”.
Los funcionarios fueron recibidos por los miembros del máximo tribunal en el Palacio de Justicia y quedaron en aportar colaboración para avanzar en la reforma judicial y en realizar reuniones periódicas de “trabajo conjunto”.
“En un encuentro institucional, se conversó sobre el proceso de reformas que se anunciara en el acto de apertura del año judicial, realizado en el Máximo Tribunal en marzo último, en el cual se convocó al desarrollo de lineamientos para la transformación del Poder Judicial como política de Estado”, informó la Corte en un comunicado.
“La Corte Suprema en pleno manifestó la necesidad de contar con la cooperación de los demás poderes del Estado, a fin de concretar las reformas y agilizar así los procesos judiciales y lograr una mejor tutela efectiva de los derechos de los ciudadanos. El Poder Ejecutivo coincidió en participar conjuntamente en las acciones que se iniciarán en los próximos días”, concluyó.
